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Fortuna del gobernador de Colima casi se triplica en dos años

Se incrementó en un 168 porciento

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José Ignacio Peralta, gobernador del estado de Colima, incrementó su patrimonio en un 168% en lo que va de su mandato.

El priista asumió la gobernatura el 15 de Noviembre del 2015 viéndose obligado a realizar su declaración patrimonial como servidor público el año siguiente, misma que sumó la cantidad de 15 millones 700 mil pesos, en 2018 declaró 41 millones 900 mil.

En 2016, el mandatario declaró la posesión de un condominio en la Ciudad de México con valor de 7 millones 50 mil pesos, que compró con con recursos de un seguro de separación de empleo contratado con Metlife cuando fue subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y con un crédito de vivienda; cuatro predios y dos viviendas de 6 millones 168 mil, de una herencia; dos vehículos de un millón, menaje de casa (muebles) por 450 mil, joyería valuada en 350 mil pesos y dos cuentas bancarias con 585 mil pesos.

En 2017, su declaración patrimonial demostró un incremento a 20 millones 192 mil por adquisición de bienes raíces y el cobro de un seguro de vida con New York Life.

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En 2018 se notó el mayor incremento en los bienes del abanderado por el PRI, pues en un año se disparó de 20 millones a 41 millones.

Según la declaración de ese año Peralta Sánchez ya tiene un nuevo condominio con un valor de 27 millones de pesos, el de la Ciudad de México de 7 millones 50 mil, una casa de 2 millones 229 mil, otra de un millón 882 mil, dos predios de un millón 634 mil, dos automóviles valuados en un millón, menaje de casa (muebles) por 450 mil pesos, 350 mil pesos en joyas y 181 mil pesos en el banco.

Cabe señalar que el gobernador tiene un salario mensual bruto de 96 mil 376 pesos, que después de impuestos es de 71 mil 172. Y se calcula que la suma del salario más las prestaciones de las que goza, rondan el millón de pesos anuales. Este cálculo y la falta de claridad en la declaración patrimonial deja sin especificar al rededor de 20 millones de pesos.

Esta diferencia es contrastante con la decisión tomada en diciembre del 2019 de despedir a 500 trabajadores estatales por un ajuste de presupuesto, pues según el priista “no se descarta un nuevo recorte ni reducción de sueldos; el tema tiene que ajustarse a una nueva realidad, hay menos ingresos y se tiene que ajustar la nómina”.

Con información de La Jornada / JH