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ONU exige justicia por muerte de civil en manos de elementos de Sedena

Se acusa a militares por uso letal de la fuerza

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Foto: Especial

La Organización de Naciones Unidas (ONU) exigió justicia a autoridades mexicanas por la muerte de un civil en manos de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Nuevo Laredo, Tamaulipas el año pasado.

Mediante la Oficina en México del Alto Comisionado de la institución, esta condenó los hechos y exigió a la Fiscalía General de Justicia (FGR) que avance en la investigación del caso, donde se presume uso letal de la fuerza.

El representante de la delegación de Derechos Humanos de la ONU en México, Guillermo Fernández-Maldonado, dijo en un comunicado que este caso es:

 “Importante prueba para que el Estado mexicano ratifique su voluntad para investigar violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos militares, en consonancia con lo expresado públicamente por el propio Presidente López Obrador”.

El caso

El incidente ocurrió en julio, durante un operativo en el que los militares varios cientos de veces con armas largas y a corta distancia, contra una camioneta en donde viajan presuntamente miembros de la delincuencia organizada, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Pese a que en primera instancia, la Sedena informó sobre el hecho que después del cese al fuego no hubo nadie que tuviera signos vitales y así fue que se presentaron 12 personas muertas después del enfrentamiento, se difundió posteriormente un video en el que se en la caja del vehículo había una persona que aún se movía.

Al percatarse de ello, uno de los militares en la escena sentenció “mátalo a la verga”.


Contando con el documento que contrasta con los hechos oficiales, Fernández-Maldonado dijo que:

 “Las evidencias que se han hecho públicas, como el video grabado desde un vehículo militar donde se registra la orden de disparar contra una víctima herida y que no ofrecía ninguna resistencia, así como la información recabada por nuestra Oficina, confirman la gravedad de los hechos y la urgencia de entregar a las familias y la sociedad resultados confiables de la investigación que garanticen el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas”.

EC