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Poder Judicial protege a supuestos extorsionadores

Un grupo de periodistas se encuentra bajo el ojo de autoridades mexicanas y estadounidenses por presuntamente dedicarse a la extorsión de figuras públicas…

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Foto: Internet

Un amplio grupo de periodistas y comunicadores se encuentra bajo el ojo de autoridades mexicanas y estadounidenses por presuntamente dedicarse a la extorsión de diversos políticos, empresarios y funcionarios públicos, amenazando a sus víctimas con “ventanear” información comprometedora.

De acuerdo con información revelada por el periodista Ricardo Ravelo en su columna para Sin Embargo, este grupo liderado por José Santiago Correa Collazo mantiene presuntos nexos con el cártel de Tijuana, al amparo del Poder Judicial pese a denuncias en su contra.

Investigaciones detallan que los integrantes de esta supuesta red delincuencial se presentan como periodistas y presumen relaciones con otros colegas cuyos nombres están bien posicionados en los medios.

Entre algunas de las víctimas de esta red se encuentran la esposa del gobernador de Baja California, Brenda Ruacho de Vega y Liliana Sevilla Rosas, exfuncionaria del gobierno municipal.

Según las indagaciones, los implicados estarían inmersos en el lavado de dinero de diversos negocios ubicados en la zona fronteriza de Baja California, asimismo, los integrantes que hasta ahora han sido revelados tienen antecedentes en penales de dicho estado.

En el expediente 03309/2018 NUC No. 04-2018-55438 se estipula que el líder de la organización sería José Santiago Correa Collazo, quien se presume mantiene vínculos con un sicario del cártel de Tijuana, René Arzate García, también conocido como “La Rana”.

Correa Collazo fue detenido el pasado 15 de diciembre de 2018 en flagrancia luego de que un empresario -que al momento de la detención le estaba entregando un sobre con dinero- denunciara las amenazas.

A pesar de que fue puesto a disposición del Ministerio Público, fue denunciado en diversas ocasiones por el delito de extorsión y se creó una amplia carpeta de investigación, la juez Patricia Hernández Haro falló a su favor para que llevara su juicio en libertad por considerar que el presunto responsable no tenía un perfil de alta peligrosidad.

La red de supuestos periodistas extorsionadores estaría integrada también por Marco Antonio Lora, Alejandro Jiménez Gómez, Mariano Soto Cortez, Saúl Omar Castro y Ricardo Osuna, éste último quien también fungió como funcionario en las aduanas de Tijuana. De igual forma, se les vincula a Mariano Rafael Soto, creador de la página “Tijuana sin Censura”; y Miguel Rojas Salazar, columnista de “Espejo de Sapos”.

Destaca que Mariano Rafael Soto fue protegido por el gobierno pasado, cuando fue anexado al programa de protección a periodistas en riesgo al denunciar que había recibido amenazas.

De acuerdo con las investigaciones, el líder del grupo habría creado portales de noticias a través de los cuales difundían la información comprometedora de sus víctimas, entre ellos sobresalen “El Tijuanense”, “El Diplomático”, además de pagar búsquedas por Google y redes sociales.

Según el expediente, las extorsiones no bajaban de 100 mil dólares y podrían elevarse según el personaje. Sin embargo, cuando las cosas se complicaban, mencionaban los nombres de los periodistas reconocidos con los que supuestamente mantenían contacto.

El gobierno de Estados Unidos también investiga el caso, pues la supuesta banda criminal también habría extorsionado a varios personajes de San Diego, California.

(Con información de Sin Embargo). AT

 

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