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Revira SCT a Bonilla: toma de casetas viola la Constitución

El gobernador de BC emitió un decreto para tomar posesión del tramo carretero de Playas de Rosarito, excediendo sus atribuciones

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La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Capufe calificaron como ilícito y una violación a la Constitución el decreto del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, para operar el tramo carretero Tijuana-Playas de Rosarito.

A través de un comunicado conjunto, indicaron que el decreto para que la plaza de cobro y el tramo carretero de Tijuana a Playas de Rosarito pasen a la posesión del gobierno “viola la Constitución y diversas leyes federales, invadiendo la competencia y atribuciones exclusivas del Ejecutivo Federal”.

Detallaron que solo la facultad para otorgar concesiones y permisos, construir y operar carreteras federales y autopistas, así como vigilar técnicamente su funcionamiento, únicamente corresponde al poder Ejecutivo por conducto de la STC, al mando de Javier Jiménez Espriú.

Por su parte, Capufe, como administrador y operador, procederá a iniciar las acciones correspondientes, para que se le restituya la posesión y administración de la caseta y el tramo carretero.

“Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades previstas en la Ley de Vías Generales de Comunicación, por el daño, interrupción y deterioro de los servicios que operen en las mismas”, se lee en el documento.

El martes pasado, el gobernador Bonilla tomó control de las instalaciones de Capufe de forma ilegal a fin de dar paso libre a los automovilistas, amparado en un decreto que él mismo expidió y que viola diversas leyes federales.

Ante ello, la madrugada de este jueves 9 de julio, al menos 160 elementos de las fuerzas armadas, liderados por la Guardia Nacional y miembros de la Secretaría de Marina, realizaron un operativo sin violencia en dicho tramo carretero para restablecer la operación normal de la plaza de cobro.

No obstante, se advirtió a los involucrados que de no retirarse serían puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

En el acto de anuncio del decreto, al que acudieron funcionarios estatales, incluido el Secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, se dio a conocer que personal de la Fiscalía General del Estado, con apoyo de la Policía Municipal, se haría cargo de evitar actos delictivos en el lugar, así como brindar seguridad.

Todo violentando diversas leyes federales.

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