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El Salvador presenta a iniciativa para que garantizar el agua sea un bien público

Oenegés denuncian que está en manos de privados

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El gobierno de El Salvador presentó este viernes ante el Congreso un proyecto de ley del agua que busca garantizar que ese bien siga siendo de carácter público y no sea administrado por manos privadas como han denunciado en el pasado organizaciones de la sociedad civil.

La propuesta de ley del gobierno del presidente Nayib Bukele fue presentada por el ministro de Medio Ambiente, Fernándo López, ante el presidente del Congreso, Ernesto Castro.

“El recurso hídrico debe de ser un recurso público y no privado y eso es lo que se va a hacer, garantizar ese derecho”, señaló el presidente del Parlamento, que es dominado por los aliados del presidente Bukele.

Actualmente el servicio de agua potable es proveído por la estatal Administración Nacional de Acueductos.

Castro indicó que en los próximos días se nombrará una comisión especial dedicada exclusivamente a estudiar la propuesta de ley, que será discutida con la sociedad civil, la academia y el sector empresarial.

El texto, cuyos artículos no han sido conocidos públicamente, propone, entre otras medidas, la creación de un “ente rector del agua” formado por representantes del sector público, explicó el presidente del Congreso.

Organizaciones de la sociedad civil presentaron recientemente otra propuesta de ley del agua ante el Congreso, pero ésta no ha sido sometida a discusión por el momento.

El anterior Congreso, que terminó sus funciones el 30 de abril, no pudo aprobar una ley del agua pese a que analizaba varias propuestas, algunas de las cuales se venían revisando sin ningún avance desde hacía más de una década.

Según denunciaron en ese entonces organizaciones de la sociedad civil, el anterior Parlamento no pudo aprobar una ley del agua, debido a intereses de sectores empresariales privados por hacerse con el control del servicio del agua.

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En un proyecto de ley de agua de 2019, se propuso que el ente regulador del agua incluyera la participación del sector privado, lo que encendió las alarmas de la sociedad civil, que denunció ese intento y frenó la discusión de la ley.

Datos de la Administración Nacional de Acueductos de 2019 indican que en el país, de 6,7 millones de habitantes, la cobertura de agua potable en la zona urbana alcanzó el 95,7%, mientras que en la zona rural fue del 41.8%.

EC