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EUA se reserva el derecho de reiniciar proceso contra Cienfuegos

El anuncio del Departamento de Justicia se da tras la exoneración del general en México

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos (EUA) informó este viernes que se reserva el derecho de reiniciar un proceso en contra del exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, si el gobierno de México no lo hiciera.

Nicole Navas Oxman, titular de la vocería del Departamento de Estado, confirmó esta información al periodista Keegan Hamilton, de Vice News, en un breve posicionamiento difundido por Twitter.

De esta forma, el despacho gubernamental norteamericano anunció la posible vía de reanudar el enjuiciamiento contra el general que fue entregado por EUA a las autoridades mexicanas el pasado 18 de noviembre.

Esto ocurre luego de que se conociera la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) que exoneró el jueves a Salvador Cienfuegos, arrestado en Estados Unidos el 15 de octubre de 2020 por cargos de narcotráfico.

Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno avalaba la decisión de la fiscalía general y señaló que se fabricó la acusación en contra del mando militar.

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La Fiscalía determinó que Cienfuegos, de 72 años, titular de la Sedena en el gobierno de Enrique Peña Nieto “nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada” por las autoridades de Estados Unidos.

“Tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos”, prosiguió, en referencia a las acusaciones de la agencia antidrogas (DEA).  

EUA vs México

La justicia estadounidense acusó a Cienfuegos de cuatro delitos de narcotráfico y lavado de dinero por supuestamente haber ayudado al cartel H-2, una organización criminal mexicana extremadamente violenta, a “traficar miles de kilos de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a Estados Unidos” entre 2015 y 2017, a cambio de millonarios sobornos.

Pero después de que México protestó por no haber sido informado de la investigación contra el general, iniciada en 2013, una jueza de Nueva York aceptó un pedido inusual del gobierno de Donald Trump para retirar los cargos y dejar el caso en manos de la justicia mexicana.

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La Fiscalía dijo igualmente que no encontró “prueba alguna” de que el exsecretario hubiera utilizado algún “equipo o medio electrónico, ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer” a criminales, como sostiene la DEA, que lo identifica con el alias de “El Padrino”.

Tampoco hay indicios sobre una “obtención de ingresos ilegales o acrecentamiento de su patrimonio fuera de lo normal”, de acuerdo con lo que ganaba como funcionario, detalló el comunicado.

La Fiscalía, que tiene en su poder las “pruebas” entregadas por las autoridades estadounidenses, manifestó haber realizado “todas las acciones necesarias para obtener las evidencias indispensables”.