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Estado mexicano responsable de desaparición forzada según ONU

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas dictaminó que el Estado mexicano ha incurrido en prácticas de desaparición forzada en conjunción con grupos del crimen organizado. La acusación tiene su origen en la desaparición forzada de Chistian Téllez en 2010. Los miembros del Comité enfatizaron que México debe ahondar en... Read more »

Foto: Especial-ONU

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas dictaminó que el Estado mexicano ha incurrido en prácticas de desaparición forzada en conjunción con grupos del crimen organizado.

La acusación tiene su origen en la desaparición forzada de Chistian Téllez en 2010. Los miembros del Comité enfatizaron que México debe ahondar en investigaciones y esfuerzos para dar con la verdad detrás de este caso.

El hecho ocurrió cuando presuntos oficiales de la policía intermunicipal detuvieron a la víctima, la cual conducía su vehículo cerca de la ciudad de Poza Rica, Veracruz, en octubre de 2010. Christian iba acompañada por una amiga, la cual fungió posteriormente como testigo. Según esta última, los policías obligaron a Christian a subir a una patrulla pistola en mano.

La testigo y familiares de la víctima iniciaron su búsqueda y presentaron la denuncia correspondiente. La amiga identificó a tres elementos de la policía como responsables del levantamiento, pero se descartó su participación bajo supuestas órdenes de elementos de mayor rango, los mismos que posteriormente fueron vinculados con Los Zetas. Esto último fue reportado por la organización civil Litigio Estratégico en Derechos Humanos.

Los expertos del Comité argumentaron que hubo fallos importantes en la metodología judicial que se llevó a cabo, lo cual derivó en la pérdida de pruebas fundamentales para la investigación, además de que la misma no tuvo calidad de independiente e imparcial. 

En palabras del Comité, “es fundamental que México empiece a procesar y castigar a los responsables de desapariciones forzadas, para poner fin a la impunidad estructural que opera”.

El dictamen representa un acto sin precedentes para México y está fundamentado en el derecho internacional de los derechos humanos. El Comité dio al Estado mexicano un plazo de 180 días para la entrega de un informe donde indique las medidas que llevará a cabo para dar solución a este problema.

(con información de La Jornada). FC