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Negocios

Otorgan suspensión a Mary Kay contra reforma al outsourcing

El próximo 18 de junio se determinará si otorga o no la suspensión definitiva

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Senado proyecto outsourcing

La firma estadounidense Mary Kay recibió una suspensión provisional en contra de la reforma en materia de subcontratación laboral o de “outsourcing”, que significa la primera medida cautelar en este rubro.

María del Carmen Leticia Hernández Guerrero, jueza Primero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo con sede en Nuevo León, otorgó la medida a la empresa, que impugnó el pasado 7 de junio la reforma, por lo que de momento, podrá continuar con la subcontratación mediante las reglas vigentes antes de la reforma.

La compañía solicitó la suspensión del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional, Ley Reglamentaria de la fracción XII Bis del apartado B, del artículo 123 de la Constitución, en materia de Subcontratación Laboral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de este año.

Así como el acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, publicada el pasado 24 de mayo.

En su resolución, la juez señaló que de lo observado “en su artículo primero transitorio efectivamente contiene diferentes momentos para que entre en vigor el decreto, lo que de suyo implica que para los quejosos entrará en vigor en un momento y para otras personas, en otro”.

Esto, abundó, pudiera contravenir los artículos 1 y 4 de la Constitución. Asimismo, estimó que de permitir la aplicación de las disposiciones normativas reclamadas se privaría a las empresas quejosas del tiempo necesario para cumplir con los requisitos y obligaciones que la normativa impugnada contiene.

Cabe recordar que a partir de la entrada en vigor de las reforma al “outsourcing”, se fijó un plazo de 30 días a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para expedir las disposiciones de carácter general del registro que alimentará un padrón en el que se darán de alta las empresas subcontratistas.

Por su parte, las compañías tienen 90 días, a partir de la entrada en vigor del decreto, para regularizar a su personal y eliminar los esquemas de outsourcing e insourcing.

El próximo 18 de junio se determinará si otorga o no la suspensión definitiva.

(Con información de Milenio). DA