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Un impuesto único, justo y proporcional, piden sector de casinos 

“Los impuestos en general estrangulan fiscalmente a la industria y fomentan indirectamente el juego clandestino e ilegal”, explicó el presidente de la AIEJA, Miguel Ángel Ochoa Sánchez.

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La Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA), solicitó al gobierno una homologación impuestos, luego de que el gobierno de Nuevo León diera a conocer el pasado 5 de mayo el “Acuerdo de Facilidad Administrativa”, que reduce el pago de derechos por las máquinas tragamonedas.

Previo a la pandemia de la covid.19, el Sector de Casinos conformado por 384 salas en operación, contribuía con un poco más de 5 mil millones de pesos anuales a las arcas de la Federación y otros 2 mil 500 millones a Estados y municipios, lo que lo convierte en una de las industrias que más impuestos paga en términos proporcionales.

“Los impuestos en general estrangulan fiscalmente a la industria y fomentan indirectamente el juego clandestino e ilegal, al tiempo que inhibe la inversión, por lo que vemos con buenos ojos esta medida para llegar a un aliento económico”, explicó el presidente de la AIEJA, Miguel Ángel Ochoa Sánchez.

Es por ello que los permisionarios hacen un llamado urgente, desde hace años, para una reforma fiscal, que contemple un cobro federal único, justo y proporcional, sobre los beneficios reales de sus empresas, que pueda posteriormente ser redistribuido a las entidades federativas que tengan casinos en sus territorios.

“En principio hablan de un acuerdo de facilidad administrativa y se refiere a las máquinas. Hay que recordar que en el caso de Nuevo León se cobra un impuesto que se estableció en 2015 para entrar en vigor en 2016 del 10% a los jugadores, ese impuesto se incrementó a partir de este año al 15%, afectando directamente al jugador”, sostuvo Ochoa Sánchez y agregó que hoy día se encuentran a la espera de una mayor claridad respecto a las reglas y a qué impuestos se refieren.

La solución que propone el sector donde habría beneficios es ampliar la base gravable, reduciendo el monto de los impuestos actualmente vigentes, y no se violenta la política del presidente Andrés Manuel López Obrador de no otorgar más permisos durante su administración. 

Al respecto, los 36 Permisos vigentes que el Estado mexicano ha otorgado, con distintas vigencias, autorizan el funcionamiento de 754 casinos, de los cuales hasta el momento, únicamente 384 se encuentran en operación. 

El fomentar la apertura de parte de las 370 salas de juegos autorizadas mas no abiertas, permitirá ampliar la masa sectorial gravable, atraer nuevas inversiones, duplicar los cerca de 150 mil empleos que en la actualidad ofrece el sector de manera directa e indirecta y convertirse en una oferta especializada para el turismo de juego internacional. 

Pero para ello, se requiere de un marco jurídico que pueda ofrecer seguridad a largo plazo para los inversionistas, un mercado bien regulado que permita un crecimiento ordenado y una política fiscal que haga que el cliente prefiera jugar en un espacio legal y no optar por el mercado negro del juego clandestino.

La industria de casinos en México está bajo la permanente supervisión y vigilancia de la Secretaría de Gobernación (Segob).