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Opinión

Desalojo, con anuencia de autoridades

Lourdes Mendoza muestra varios casos de despojos de propiedades en la CDMX realizados a través de falsificación de documentos y robo de identidad

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El pasado 1 de abril, una veintena de personas, encabezada por un sujeto que dijo ser policía de investigación de la SSC-CDMX, irrumpió en una vivienda ubicada en la calle de Arica, número 27, en la colonia Tepeyac Insurgentes de la alcaldía GAM. Sin orden judicial y con lujo de violencia amedrentaron, agredieron y despojaron de su hogar a familias que llevaban dos décadas residiendo en este lugar.

Desde ese día, los inquilinos y poseedores de la propiedad buscan respuesta del gobierno capitalino ante lo que, aseguran, es un despojo con anuencia de autoridades, pues acusan que detrás de esta situación estaría un hombre identificado como José María, quien es apoyado por mandos policiacos del sector Tepeyac. Videos y fotografías (que tengo en mi poder), tomados por los propios vecinos, muestran las agresiones causadas por los invasores, quienes ya habían intentado desalojarlos en diciembre de 2021.

Falsos notarios acechan propiedades en CDMX

A la familia “R” los contactó el pasado 2 de marzo un tal Lic. Carlos Daniel, supuesto colaborador de la Notaría 116, en la CDMX, bajo el argumento de que se había iniciado el proceso para una liberación de renovación de las escrituras de su propiedad.

Dicha persona tenía la mayoría de los datos personales del propietario del inmueble, pero lo que más inquietó a la familia es que no entendían quién habría empezado el trámite con todo y el pago de su propiedad. Las alertas se encendieron cuando la misma notaría confirmó que no existía tal diligencia ni dicho trabajador; sin embargo, no era el primer caso así que recibían.

Los fraudes inmobiliarios van desde la falsificación de documentos, robo de identidad, así como la venta de propiedades que no están disponibles. Los defraudadores se hacen pasar por colaboradores de notarías para solicitar dinero, con la supuesta justificación de continuar, dar seguimiento o finalizar algún proceso. Este modus operandi tiene como fin el robo de información personal y, en la mayoría de casos, van tras grandes sumas de dinero e incluso de la propiedad.

INVI falla a las familias

Hace 20 años, la familia Hernández-Pineda se asentó en una unidad habitacional en la alcaldía Iztapalapa, a través de la A.C. de vivienda Nuevo Aztlán, organización vinculada a los llamados Panchos Villa, en la fracción que lleva Alejandro López Villanueva. Desde su llegada, buscaron regularizar el inmueble y tener certeza jurídica sobre el mismo; no obstante, grandes “largas” por parte de estas asociaciones y un nulo interés del Instituto de Vivienda los llevaron a tomar acciones legales, junto con otras 15 familias.

Tras ganar un juicio oral en noviembre del año pasado, Rosario Pineda y Marco Hernández fueron despojados de su hogar. Al respecto, denuncian que el INVI está coludido con asociaciones como los Panchos y similares, que operan para vender estos departamentos a precios comerciales, en lugar de apoyar a las personas con pocos recursos.

En tanto, el INVI y Claudia Sheinbaum piden a los afectados seguir con los procesos judiciales, lo que genera mayor incertidumbre, pues las familias han sido desconocidas como integrantes de la A.C. que les cedió los derechos de posesión, y las carpetas de investigación del caso permanecen congeladas.

El juego sucio de la Fiscalía de CDMX contra mujer de 60 años

Abuso de autoridad, tráfico de influencias y arbitrariedades en contubernio con personal de la fiscalía capitalina son las irregularidades que se reflejan en el juego sucio contra Bertha, una mujer de 60 años que vive con el riesgo de ser despojada de su propia vivienda.

La mujer, quien omitió dar la ubicación de su inmueble por temor, vive con el miedo de que, en cualquier momento, sea desalojada, a pesar de contar con las pruebas necesarias para exhibir “los atropellos” por parte de las autoridades.

Gobierno derrumba sueños de Don Andrés

Aunque don Andrés Gutiérrez Contreras celebró hace cinco años la liquidación de su casa ubicada en Tultepec, Estado de México, hoy vive una pesadilla al temer que, en cualquier momento, el gobierno le arrebate todo lo que con trabajo y esfuerzo creyó haber pagado por 12 años, debido a que, sin saberlo, la deuda por su vivienda fue vendida a Joaquin Israel Orta Almazán a través de la empresa Warrior, con domicilio en CDMX, quienes promovieron una demanda para desalojarlo.

Aunque su casa se encuentra en Tultepec, fue el Juzgado 18 de la CDMX quien le notificó el desalojo. De hecho, el pasado 10 de marzo don Andrés metió un amparo ante el mismo Juzgado 18, pero hasta hoy ni pío ha escuchado de ellos.

Ante la situación, don Andrés responsabiliza al señor Orta Almazán y a la empresa Warrior de cualquier daño o perjuicio contra él o sus familiares.

San Antonio Abad #58, despojo plagado de irregularidades y arbitrariedad

El 6 de marzo de 2020 es una fecha que no olvidarán más de 50 familias que dormían en el edificio ubicado en la calzada San Antonio Abad #58, colonia Tránsito en la alcaldía Cuauhtémoc, porque, alrededor de las seis de la mañana, 150 personas, acompañadas por cerca de 300 policías de la CDMX, con lujo de violencia, no sólo les arrebataron su patrimonio, sino también su tranquilidad.

Los afectados señalan a personas que se dicen cercanas a políticos como Dolores Padierna, quienes estuvieron detrás de las agresiones y el despojo avalado por el juez 1 de Materia Civil y Familiar, Onésimo Piña Escamilla, con sede en Tizayuca, Hidalgo, amparándose en un documento de compra-venta firmado supuestamente por la dueña del inmueble, a pesar de que ella había fallecido.

Por cierto

Al consejero jurídico del GCDMX, Néstor Vargas, hay que recordarle que la ley es la ley y que el último párrafo del articulo 70 de la Ley Registral de la CDMX es determinante:

“El registro debe cancelar inscripciones apócrifas cuando se le prueba, sin que haya posibilidad de prueba en contrario, de que la inscripción fue falsa, dolosa y violando el procedimiento registral”.

No hay duda de que autoridades del Registro Público y sus registradores se han coludido con los usurpadores.

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