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Política

“Absolutamente falso”: magistrado Vargas niega discrepancia en patrimonio

Manifestó que es perfectamente explicable y acreditable en escrituras y declaraciones fiscales

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José Luis Vargas, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aseguró que la información vertida en notas de prensa que refieren una supuesta discrepancia entre su patrimonio y sus ingresos como funcionario público, es “absolutamente falsa”, y expuso que todo es perfectamente acreditable.

Ante la difusión que se tuvo por la denuncia presentada en su contra por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, el magistrado señaló que además de atender el asunto ante la Fiscalía General de la República, aclararía algunos puntos sobre lo publicado en diversos medios de comunicación.

Mediante una carta, el magistrado reveló que al existir una denuncia formal en su contra, acudió al Ministerio Público para ponerse a sus órdenes, comparecer las veces que se le requiera y aportar las pruebas que acrediten la licitud de sus bienes.

Al respecto, manifestó que su patrimonio familiar es perfectamente explicable y acreditable en términos de los ingresos y ahorros que ha logrado de forma lícita junto a su esposa, a quien describió como una profesionista y trabajadora, “quien antes de conocerla ya contaba con su propio patrimonio, producto de un esfuerzo de más de 15 años en la misma compañía”, señaló.

Vargas Valdez refirió que cuando inició su gestión como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, tanto él como su cónyuge ya eran propietarios de todos los inmuebles que actualmente poseen, con la excepción de una oficina en el Centro Histórico de la Ciudad de México, la cual fue adquirida en 2017 por un precio de 880 mil pesos, según detalló.

Dicha adquisición, dijo, se hizo ante notario, con recursos propios y fue calificada por el funcionario como una “modesta inversión inmobiliaria”.

Por ello, defendió que es “absolutamente falso” que su patrimonio se haya modificado o multiplicado de manera inexplicable durante los últimos cuatro años que lleva ejerciendo su cargo público.

Vargas precisó que las notas de prensa hacen referencia a cambios en su patrimonio ocurridos entre 2012 y 2016, en los que era abogado postulante y no un servidor público. Asimismo, señaló que sus ingresos de esos años fueron reportados en declaraciones fiscales y se pagaron los impuestos correspondientes.

Aunado a esto, mencionó que los ingresos de su esposa proceden del pago de una empresa transnacional con depósitos bancarizados con previa retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente.

El magistrado explicó que el año pasado, su esposa vendió un inmueble de su propiedad desde antes de conocerse y casarse (adquirido en 2009), cuya venta se destinó para realizar una inversión en una preventa de un condominio en el estado de Florida, Estados Unidos.

“La operación de mi esposa no solo fue perfectamente legal, sino que obra en mi declaración patrimonial desde la fecha en que se concretó”, indicó.

Recordó que en la prensa se le ha acusado de enriquecimiento ilícito que, reiteró, “no corresponde con la realidad” y manifestó que “se hace parecer que todo lo que poseen él y su pareja fue adquirido en los ´últimos cuatro años, lo que “es absolutamente falso”.

Al respecto, advirtió que todo está acreditado en escrituras públicas de sus propiedades y las fechas en que se adquirieron los inmuebles que integran su patrimonio.

Sobre los gastos en tarjetas de crédito, detalló que estos, antes y después de haber sido designado magistrado, siempre han correspondido a sus ingresos.

“Utilizamos una tarjeta de servicios como medio principal de pago para el gasto familiar, con el único propósto de acumlar millas de vuelos para viaja con nuestros hijos”, aseguró.

Por ello, dijo que presentará ante la autoridad competente los estados de cuenta bancarios y de tarjetas que así lo acrediten.

José Luis Vargas, destacó que le llama la atención que las notas de prensa ocupen un espacio protagónico cuando no contienen elementos distintos a lo publicado por el diario Reforma hace varios meses, lo cual, afirmó, ya fue aclarado.

Lamentó que existan “motivaciones políticas” de atacar su honorabilidad y que trascienden a la esfera institucional del TEPJF y al derecho de su familia de vivir en paz y con seguridad.

Denunció también que se involucre a su esposa, afirmando que existe una visión machista que pretende asumir que su trabajo y patrimonio no son explicables sólo por estar casada con un servidor público.