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Política

AMLO hizo “propaganda gubernamental personalizada”: TEPJF

Sugirieron a presidencia tener más cuidado con la difusión de mensajes

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Foto: Archivo

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) concluyó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sí incurrió en un tema de “propaganda gubernamental personalizada” con su informe de tercer año de gobierno”.

Por unanimidad, los magistrados consideraron que el discurso que el mandatario emitió el pasado 30 de marzo por los primeros 100 días de su tercer año de gobierno sí constituyó en un acto que está prohibido por las leyes electorales durante un periodo específico.

De esta forma, el TEPJF confirmó la indebida utilización de recursos públicos por 185 mil 515 pesos por la realización del evento de AMLO, celebrado cuando distintas entidades se encontraban en tiempos de campañas.

Por tal motivo, el Tribunal exhortó al coordinador de comunicación social del gobierno federal, Jesús Ramírez Cuevas, a ser “particularmente escrupuloso” al participar en la transmisión mensajes que pueden ser difundidos por los medios de comunicación, ya que “corre el riesgo de incurrir en una infracción a la prohibición constitucional.

El órgano también advirtió al vocero presidencial que en el futuro “debe tomar las previsiones necesarias para que el mensaje para el cual convoque, dirija o transmita a los medios de comunicación no sea difundido en las demarcaciones con proceso electoral”.

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El discurso del presidente López Obrador por los primeros 100 días de su tercer año de gobierno, el cual tuvo lugar en Palacio Nacional, fue impugnado por el PRD el 26 de marzo. El partido del sol azteca consideró que este evento representó actos de “promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, difusión de propaganda gubernamental en periodo de campañas y vulneración a las reglas para la presentación de informe de labores”.

Aunque en un inicio, el 6 de mayo, la Sala Regional Especializada determinó que no habían existido dichas irregularidades, fue hasta el 26 de mayo que la Sala Superior revocó esa decisión al determinar que el discurso sí constituyó un acto de propaganda gubernamental personalizada, por lo que le ordenó a la Sala Especializada emitir una nueva resolución para definir las responsabilidades y las consecuencias jurídicas correspondientes.

EC