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Política

INE promueve controversia constitucional por recorte a su presupuesto

Pide le sean otorgados los recursos para la realización de una eventual revocación de mandato, así como de una nueva consulta popular

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Ante el recorte de cerca de 5 mil millones de pesos de su presupuesto, el Instituto Nacional Electoral (INE) promovió este martes una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El ajuste, de cuatro mil 913 millones de pesos, se encuentra contenido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 (PEF 2022) aprobado por la Cámara de Diputados.

Al respecto, el órgano consideró que dicho “tijerazo”careció de motivación o justificación alguna en el decreto presupuestal e impide el ejercicio pleno de las atribuciones constitucionales a las que está obligada la autoridad electoral, en particular, la realización de un eventual proceso de revocación de mandato que, en caso de ser solicitado por la ciudadanía, requiere de tres mil 830 millones de pesos para llevarse a cabo.

“Así, con el recorte, la Cámara de Diputados dejó sin fondos al INE para cumplir a cabalidad con esa obligación expresamente señalada en la Carta Magna”, señaló el INE en un comunicado.

Señaló que en la elaboración de su presupuesto para el 2020 incluyó un monto como presupuesto precautorio, tanto para la realización de una eventual revocación de mandato como de una nueva consulta popular.

Esto, en atención a lo que la Corte resolvió respecto de otra controversia constitucional que el INE promovió sobre la convocatoria a la consulta que se realizó en 2021, en el sentido de que la autoridad electoral tenía la “obligación de prever” los recursos suficientes para este tipo de ejercicios de participación ciudadana.

Al no haber sido otorgados por el Legislativo los mencionados recursos, y al haberse aplicado un recorte que excede en mucho la solicitud presupuestal formulada, el INE consideró procedente someter a consideración de la Suprema Corte que ordene a la Cámara de Diputados proveer al Instituto de los recursos necesarios para organizar, eventualmente, la revocación de mandato, cumpliendo todos los principios y reglas a que está obligado.

Expuso que al no contar con este presupuesto, no está en condiciones de cumplir sus funciones tal y como lo mandata la constitución y la ley, además de que se violan sus garantías institucionales y con ello el ejercicio de los derechos humanos político-electorales de la ciudadanía.