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Política

ONU-DH aplaude anulación de Ley de Seguridad

El representante en México destacó que el despliegue de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen ha generado violaciones a derechos y abusos

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La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) aplaudió la decisión de diez de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se pronunciaron por la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior que la invalida en su totalidad.

“El despliegue de las Fuerzas Armadas que ha tenido lugar durante la última década en la lucha contra el crimen no ha traído seguridad”, apuntó Jan Jarab, Representante en México de la ONU-DH.

Mediante un comunicado, apuntó que por el contrario, las personas en México han sufrido violaciones a sus derechos humanos y abusos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas.

La ONU-DH reconoció a los diversos actores que se opusieron a la adopción de la Ley, entre los cuales están la Comisión Nacional de los Derechos humanos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, los Procedimientos Especiales de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil.

“La decisión de la Corte debería brindar el ímpetu necesario para que las autoridades civiles sean adecuadamente entrenadas y fortalecidas, tanto para asumir plenamente sus obligaciones en materia de seguridad pública, como para cumplirlas en coherencia con las normas nacionales e internacionales de derechos humanos”, dijo Jarab.

Recomendó que el Estado adopte un plan que garantice el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública, toda vez que la Suprema Corte determinó que este ejercicio no debe ser permanente.

En este sentido dijo que hasta que el retiro sea completo, la participación de los militares en tareas de seguridad pública debe estar bajo el mando de las autoridades civiles y ser llevada a cabo en todo momento con pleno respeto de los derechos humanos, garantizando medidas de rendición de cuentas efectivas e independientes.

 

 

 

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