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Política

Reforma a la Ley LFPIORPI busca fortalecer la lucha antilavado

La iniciativa fue presentada por el senador Ricardo Monreal

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Foto: Especial

La iniciativa para reformar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), también conocida como Ley Antilavado, pretende atender las observaciones que realizó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) especialmente para las actividades vulnerables, y darle a la UIF mayor facultad en la lucha contra el lavado de dinero.

Mediante la iniciativa, presentada por el senador Ricardo Monreal, se propone integrar diversas figuras que son requeridas para cumplir en su totalidad con las 40 Recomendaciones de la GAFI.

Entre los objetivos más importantes, está el dotar de autonomía técnica y de gestión a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), toda vez que la GAFI pidió que fuera independiente y autónoma operativamente.

Se adiciona como objetivo de la LFPIORPI, no solo la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, sino también aquellos relacionados con el Financiamiento al Terrorismo.

También se incluye la obligación de quienes realizan Actividades Vulnerables de identificar y monitorear las operaciones cuyos clientes sean considerados Personas Expuestas Políticamente (PEP), así como la obligación de las autoridades que tengan información relacionada con ellos, para proporcionarla a la UIF con la finalidad de crear una lista.

Se adiciona la obligación para quienes realizan Actividades Vulnerables de llevar a cabo una evaluación para identificar, analizar y entender el riesgo inherente en que se encuentra su actividad, así como el de sus clientes.

Asimismo, se buscaría que, en los fideicomisos relacionados con alguna actividad vulnerable, se tengan identificados a los beneficiarios de las personas que se involucren para que, según su actividad o tipo de operaciones, la UIF reciba la información y la pueda analizar con el fin de detectar algún riesgo de lavado de dinero.

Esto, luego de que la GAFI señaló que en aunque los fiduciarios (instituciones financieras) están obligados a identificar las partes de un fideicomiso, esto no ocurre con los beneficiarios del mismo.

El sistema financiero está obligado a reportar si las transacciones de Personas Expuestas Políticamente son susceptibles de enmascarar maniobras de lavado de dinero, tráfico de influencias o financiamiento de actividades terroristas.

Con la aprobación de las reformas citadas en esta iniciativa, se cumple con las acciones señaladas por el GAFI en la evaluación mutua de México en el componente de Cumplimiento Técnico en lo relativo a las Actividades Vulnerables, las cuales resultan indispensables para solicitar la re-calificación de las Recomendaciones, que obligatoriamente se tiene que remitir en agosto del año en curso, para ser presentadas en febrero de 2021.

DA

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