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Política

Revelan espionaje contra periodista, perito y activista por caso San Fernando

Entre las afectadas está Marcela Turati

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La periodista Marcela Turati, la antropóloga Mercedes Doretti y la abogada Ana Lorena Delgadillo fueron espiadas por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) del gobierno de Enrique Peña Nieto, por el caso de San Fernando. 

De acuerdo con la información publicada por The Washington Post, esto quedó constatado en documentos judiciales que fueron presentados ante la Corte en México, en la que se señala que la PGR hizo uso de sus atribuciones para vigilar las comunicaciones de las tres mujeres.  

Fue entre abril y mayo de  2011 cuando 196 cuerpos fueron encontrados en 48 fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, tratándose en su mayoría de migrantes. El hecho tuvo como antecedente la masacre de los 72 migrantes, perpetrada también en San Fernando un año antes. 

Sin embargo, fue Ana Lorena Delgadillo quien ganó un proceso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obligó al Gobierno de México a divulgar detalles sobre la masacre. 

La PGR habrían enviado una orden “extra-urgente” a las compañías telefónicas mexicanas para entregar los registros de todas las llamadas y mensajes de texto provenientes de las comunicaciones de Turati, Delgadillo y Doretti a partir de febrero de 2015, así como sus ubicaciones. 

“Fueron los mismos investigadores con los que trabajamos todos los días los que terminaron investigándonos”, señaló Doretti, cuyo equipo estaba involucrado en las investigaciones de irregularidades en el caso. 

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 Ante estos hechos, la periodista Marcela Turati, quien encabeza el grupo de investigación “A dónde van los desaparecidos”, publicó un posicionamiento. 

“La Fiscalía General de la República debe desistirse de esta investigación, si sigue en curso, y deslindar responsabilidades. El asedio y posible espionaje so pretexto de investigaciones contra periodistas y defensoras de derechos humanos tiene que parar“, se lee. 

Mientras tanto,  grupos de la sociedad civil siguen señalando que la PGR utilizó las herramientas para combatir la delincuencia contra activistas y periodistas que indagan actos de corrupción.

AT