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Política

SCJN declara inconstitucional la “Ley Chayote”, impulsada por EPN

Los ministros concluyeron que esta ley atenta contra la libertad de expresión

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Ley Chayote
Foto: Especial

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la Ley General de Comunicación Social, mejor conocida como “Ley Chayote”, impulsada por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

Los ministros determinaron que la Ley Chayote da al gobierno una “enorme discrecionalidad” al momento de ejercer su gasto en difusión, además, acordaron que la ley atenta contra la libertad de expresión, pues no tiene criterios claros y objetivos sobre el ejercicio del gasto público en materia de comunicación social y contratación de medios.

“La legislación reclamada no regula con el grado de precisión constitucionalmente exigible, los principios que deben regir el gasto público en comunicación social, pues aún y cuando dispone diez principios rectores en la materia, no los dota del sentido y alcance que deben atribuirle las autoridades ejecutoras y las personas sujetas a su marco de aplicación, propiciando una enorme discrecionalidad al momento de ejercer el gasto respectivo”, se determinó.

Asimismo, concluyeron que la simple mención efectuada en el penúltimo párrafo del artículo 5 de la Ley, en lo concerniente a que el ejercicio del gasto en comunicación social debe respetar el derecho a la libertad de expresión, no constituye una manera eficaz de proteger ese derecho.

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A propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, la Primera Sala amparó, por unanimidad, a la organización civil Artículo 19 para que antes de que finalice su periodo de sesiones el Congreso de la Unión esclarezca y detalle los criterios a que debe estar sujeto el gasto en comunicación social.

En consecuencia, la SCJN ordenó emplazar al Congreso de la Unión para subsanar las omisiones detectadas o derogar la ley.

En caso de derogar la norma, se debe emitir una nueva, ya que desde la reforma de 2014, la Constitución obliga al Poder Legislativo a reglamentar al respecto.

(Con información de El Universal). FC