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Política

SFP inhabilita y multa con 158 mdp a exfuncionario de la Sedatu

Fue acusado de omisión en el cumplimiento de sus responsabilidades por lo cual causó un daño millonario al erario

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La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 10 años al ex encargado de la entonces Dirección General de Programación y Presupuestación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), por incurrir en irregularidades administrativas y ocasionar un daño patrimonial por más de 158 millones de pesos.

A través de un comunicado, la SFP informó que asimismo, el exfuncionario tendrá que pagar una multa por 158 millones 662 mil pesos para reparar el daño.

El Órgano Interno de Control (OIC) en la Sedatu emprendió investigaciones en contra del aludido, como resultado de una observación del órgano auditor superior, sin embargo, durante las indagatorias se hallaron diversas irregularidades por las cuales se determinó imponer la sanción en 2018.

Esto, tras acreditar que en 2015, el entonces directivo omitió cumplir con sus responsabilidades como encargado de la Dirección General de Programación y Presupuestación al no dar de baja su usuario en un sistema de adecuaciones presupuestales, originando el uso indebido del mismo.

La omisión permitió que indebidamente se solicitara una ampliación de recursos por más de 158 millones de pesos (mdp) supuestamente para otorgar subsidios adicionales y atender de manera inmediata a los beneficiarios del Programa de Vivienda Rural que maneja el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo); no obstante, dicha ampliación fue ilegal y se omitió acreditar su uso y destino.

Tales conductas constituyen faltas administrativas según lo establece la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Anteel juicio de amparo que el servidor público había interpuesto, el OIC realizó investigaciones para defender la legalidad de la resolución y la sanción fue confirmada por unTribunal Colegiado en Materia Administrativa, el cual emitió una ejecutoria y sobreseyó el juicio.

Previamente, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) también resolvió confirmar la inhabilitación y la multa, al resolver la demanda de nulidad solicitada.

“Con este tipo de acciones de defensa de la legalidad, la SFP busca inhibir las conductas que pudieran representar riesgos de corrupción, combatir la impunidad, resarcir el daño patrimonial ocasionado al erario y prevenir un mal ejercicio de la función pública”, expuso la dependencia.

La resolución ya fue notificada al Servicio de Administración Tributaria (SAT), para la ejecución del crédito fiscal.